¿Qué tienen en común Santa Rosa de Lima y Víctor Raúl Haya de la Torre? Son empresas de transporte público que arrastran por las pistas buses fabricados hace más de 40 años. En Lima, una ciudad que quiere sentirse moderna, el 74% de la flota del servicio público tiene entre 16 y 54 años de antigüedad. El humo espeso y picante que arrojan estos carros es solo uno de sus achaques. La Municipalidad de Lima quiere aliviarlos de sus males mandándolos al ‘deshuesadero’.
En junio del año pasado, el Concejo Metropolitano emitió la Ordenanza 954, que establecía que las unidades con una antigüedad igual o mayor que 35 años dejarían de circular de inmediato. Esto hasta ahora no se ha cumplido porque falta implementar un sistema de chatarreo, contemplado en la norma, que garantice que los vehículos sean destruidos en condiciones adecuadas y que sus propietarios reciban una compensación atractiva.
No se busca eliminar solo a las unidades de mayor antigüedad. La idea es recortar progresivamente la cantidad de vehículos de transporte público, porque, según datos de la municipalidad, estos bordean los 26.000 y solo se requieren 9.400.
César Arévalo, subgerente de Estudios de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Lima, señala que se ha previsto convertir en chatarra unos 25 mil vehículos entre el 2008 y el 2012, mientras vayan ingresando unidades nuevas, que funcionen a gas. En enero debe publicarse una ordenanza con un cronograma para la reducción paulatina del límite de antigüedad, de modo que a partir del 2012 no se permitan buses de más de 15 años.
La Comisión de Transporte del concejo ha aprobado este mes el plan piloto que se piensa aplicar, indica Arévalo: a modo de prueba serán chatarreados 10 ómnibus, 20 microbuses y una combi. Los más viejos. El municipio compraría los primeros a 3.000 dólares cada uno; los segundos, a 2.000 dólares; y la combi a 1.000 dólares.
El plan municipal considera ayudar a agruparse e invertir en otro negocio a aquellos propietarios de buses que cedan sus herramientas de trabajo. Cofide, entidad con la que la municipalidad tiene un convenio, aportaría un fondo de garantía. Para los choferes y cobradores se ha pensado en créditos de la Caja Metropolitana que les permitirían crear microempresas.
Pero aún hay varios escollos por superar. En primer lugar, el financiamiento del proyecto. La municipalidad ha calculado que necesita 40 millones de dólares para costear el pago a los dueños de los vehículos durante los próximos cinco años. Ya que el retiro de los carros viejos beneficiaría el medio ambiente, el concejo cree que podrá recibir fondos de corporaciones interesadas en acreditar que han apoyado proyectos para evitar la emisión de gases contaminantes (los llamados bonos de carbono). Sin embargo, también necesitaría recursos del Ejecutivo y de organismos internacionales.
El otro escollo es la posición de los transportistas. Gregorio Torres, presidente de la Confederación General de Transporte (CGT), está de acuerdo en líneas generales con el plan de chatarreo. Pero piensa que lo que ofrecería la Municipalidad de Lima sería demasiado poco: nadie se desprendería de una combi, su medio de vida, por apenas mil dólares, dice.
Por Iván Herrera Orsi
via: elcomercioperu.com.pe































